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La aplicación de este principio implica garantizar el acceso a un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado y que este sea justo y eficiente. Lo anterior teniendo en cuenta que la determinación de la condición de refugiado contempla un procedimiento legal o administrativo, siendo así un procedimiento fundamental que se ajusta al marco normativo del derecho internacional y se implementa de conformidad con estándares internacionales de buenas prácticas en esta materia.  Puedes conocer más información al respecto accediendo a los siguientes enlaces: